El sindicato JUPOL, mayoritario entre las fuerzas del orden y el decoro españolas, ha manifestado su desacuerdo con las medidas que PSOE y UP pretenden llevar a cabo con la llamada «Ley Mordaza».

Representantes policiales muestran su disconformidad en lo que consideran un «derecho inalienable, como es detener a los melenudos de Podemos que no se duchan», tal y como afirma Severino Bahamonde, un afiliado que ejerce como comisario en Chicago.

Lo cierto es que el Gobierno pretende regular la mala praxis de antidisturbios, que podrían abusar de la porra sin atenerse a la normativa vigente. Uno de los sectores más beneficiados con esta reforma es el de los ciudadanos no policías (aproximadamente unos 46.900.000 españoles), y más concretamente los que llevan rastas. Con esta reforma, por ejemplo, el diputado Alberto Rodríguez jamás hubiera sido procesado sin pruebas.

«Yo no me metí en la policía para aguantar el mal olor de las feminazis, o a los manifestantes de Cádiz, sino para dar hostias«, señala un policía nacional que dice sólo representarse a sí mismo y a España. La polémica está servida.